La persona que padece una enfermedad terminal se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. En tal sentido, existe acuerdo en ofrecer a tal paciente la posibilidad de acceder a cuidados paliativos (CP) y ello es un derecho reconocido por ley 26529, por el Código Civil y Comercial y por la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM). Sin embargo, existen importantes barreras jurídicas para dar cumplimiento a tal derecho en forma equitativa en todo el país, sobre todo considerando las particularidades del sistema federal en relación a las prestaciones de salud. Por otro lado, algunos promueven que se legalice la posibilidad de quitar la vida a algunos pacientes, a su requerimiento, ya sea por medio de la eutanasia o del suicidio asistido y a fines de 2021 se presentaron tres proyectos de ley en el Congreso Nacional en tal sentido. Si bien la eutanasia ya ha sido muy estudiada en el campo del bioderecho, en esta ocasión nos proponemos estudiar el tema a la luz de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y considerando los aspectos vinculados con la distribución de competencias entre la Nación y las provincias. Así, el objetivo de este proyecto de investigación es profundizar el estudio de estas dos vertientes de la respuesta jurídica ante las situaciones de personas con padecimientos terminales. Se abordarán ambos temas desde tres ejes jurídicos: 1) la respuesta convencional, sobre todo considerando la novedad que plantea la CIPDHPM; 2) la cuestión en el plano normativo del ordenamiento jurídico argentino, especialmente en lo atinente a la distribución de competencias entre la Nación y provincias, considerando al sistema de salud y los distintos subsectores que lo componen; 3) el análisis concreto de los proyectos legislativos referidos a ambos temas en trámite ante el Congreso Nacional.

Las preguntas que animan nuestra investigación son las siguientes: ¿Cuáles son las exigencias de justicia que emanan de los principios fundamentales del derecho y de la dignidad de la persona humana en relación a la toma de decisiones en el final de la vida? ¿Qué problemas presentan desde el análisis de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos las propuestas de legalizar la eutanasia? En cuanto a los cuidados paliativos, ¿cuáles son las barreras que dificultan el acceso a los CP en Argentina? ¿Qué barreras se presentan en la organización y funcionamiento del sistema de salud, en sus distintos subsectores y en la interacción entre la Nación y las provincias, que impiden la plena vigencia del derecho a acceder a CP?

En este marco, el objetivo general del proyecto se vincula con la toma de decisiones en el final de la vida y tiene una doble vertiente: por un lado, identificar si las pretensiones de legalizar la eutanasia en Argentina son legítimas a la luz del ordenamiento jurídico; por el otro, identificar las barreras existentes en la regulación del sistema de salud que impiden el acceso a los CP.

Los objetivos específicos del proyecto de investigación son los siguientes:

• 1. Identificar las directivas emanadas de la CIPDHPM en materia de final de la vida y CP y sus proyecciones hacia el ordenamiento jurídico nacional, incluyendo las vías normativas necesarias para asegurar su cumplimiento, incluyendo lo relativo a las directivasanticipadas.
• 2. Realizar un relevamiento y análisis de la legislación argentina sobre CP, tanto a nivel nacional como provincial, a fin de determinar las fortalezas y debilidades existentes en orden a garantizar el acceso para todas las personas.
• 3. Comparar los marcos normativos que regulan a los distintos subsectores del sistema de salud en lo que concierne al acceso a los CP de calidad, con especial referencia a los subsistemas público, de la seguridad social y de medicina prepaga, incluyendo las prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio y otras formas de cobertura de salud.
• 4. Formular un análisis jurídico crítico de los proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional en orden a la legalización de la eutanasia y al establecimiento de un plan nacional de CP.

Las hipótesis de investigación son dos. Por un lado, sostenemos que la legalización de la eutanasia tal como es propuesta en los proyectos de ley en debate en el Congreso resulta contraria a los principios convencionales, especialmente luego de la aprobación de la CIPDHPM y de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta hipótesis será validada a través de un estudio de fondo de las exigencias de justicia en torno al derecho a la vida de las personas en situación terminal. Desde ya, se tendrán en cuenta los trabajos iusfilosóficos ya citados que se refieren a la problemática de la eutanasia y a sus cuestiones decisivas, como si existe un derecho a morir, si puede considerarse la vida como un bien disponible, si existe verdadera libertad en la persona que decide su eutanasia, y otros temas. Pero la novedad de este proyecto apunta a profundizar las directivas que emanan de las dos Convenciones citadas. En el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la formulación de las causales que habilitan la eutanasia (padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable) plantea un problema vinculado con la potencial discriminación de las personas con discapacidad. En cuanto a la Convención sobre Personas Mayores, se encuentra en juego el derecho a la vida y la indicación de que no se debe adelantar o atrasar la muerte (art. 2). Así, hay razones para sostener que la legalización de la eutanasia, además de afectar el derecho a la vida como se ha sostenido siempre (Lafferriere, 2014), es contrario a esas convenciones. Además, los proyectos de ley ingresan en temáticas que son propias de las competencias provinciales y ese aspecto también resulta problemático desde la perspectiva federal.

Por el otro, sostenemos que existen barreras jurídicas que dificultan garantizar el pleno acceso al derecho a los CP en el sistema de salud de nuestro país, tanto en sus componentes nacionales como provinciales, lo que se traduce en una afectación de la calidad de vida de las personas y sus familias.
En tal sentido, según el Atlas Global sobre CP, se estima que en todo el mundo 56,8 millones de personas requieren CP cada año, incluyendo 31,1 millones en forma previa al final de la vida y 25,7 millones en el final de su vida. Un 67,1% de estas personas son mayores de 50 años y el 7% son niños. (Connor, 2020). Del total que requieren CP a nivel mundial, solo el 14% accede a ellos (OMS, 2020). Desde el punto de vista normativo el Programa Mëdico Obligatorio (Res. 201/2002 -Texto Actualizado), que obliga a las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales, cubre al 100% los CP entendidos como “la asistencia activa y total de los pacientes por un equipo multidisciplinario, cuando el paciente tiene una expectativa de vida que no supera los 6 meses”, con los objetivos de “aliviar el dolor, los síntomas y el abordaje psicosocial del paciente” (https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/programa-medico-obligatorio).

Sin embargo, el PMO no alcanza al sector público, que por su parte está atravesado por la problemática de la distribución de competencias entre la Nación y las Provincias, lo que supone una mayor dificultad para analizar el marco normativo de cobertura y disponibilidad de servicios de CP en todo el sistema de salud.