La asistencia al suicidio : ¿un derecho constitucional? : el caso de Canadá

Abstract

Sumario: I. Introducción.— II. El caso: Carter v. Canadá (Attorney General).— III. Reflexiones sobre la justicia en el final de la vida.— IV. Conclusión.

Al igual que sucede en nuestro ordenamiento penal, tanto la asistencia como la instigación al suicidio se encuentran penados en Canadá. El artículo 14 de su Criminal Code —de ahora en adelante Code— prevé que ninguna persona puede consentir en que otro le cause la muerte, y el inciso b) del artículo 241 reprime con prisión de hasta catorce años a toda persona que asista o instigue a otra a cometer suicidio, sin importar si el suicidio efectivamente se consuma o no (2). Con estas dos provisiones legales, Canadá prohíbe penalmente la asistencia al suicidio. Mas, esta situación cambió el pasado 6 de febrero de 2015 cuando el Máximo Tribunal de ese país determinó en los autos Carter v. Canadá (Attorney General) que las mencionadas disposiciones penales se contraponían con ciertos derechos reconocidos por la carta magna canadiense. Abocaremos el presente comentario al análisis del fallo referido. Describiremos sus antecedentes, contenido y fundamentos. Señalaremos también alguno de los interrogantes que plantea para finalmente concluir con una serie de reflexiones acerca de lo que la asistencia al suicidio implica.