Una mirada a cuatro meses de la promulgación de la Ley de Modernización Laboral

Abstract

El día 5 de marzo de 2026 fue promulgada la ley 27.802 mediante decreto 137/2026, conocida como Ley de Modernización Laboral. Su entrada en vigencia oficial en todo el territorio de la República Argentina se hizo efectiva a partir del día siguiente, o sea, el día 6 de marzo de 2026, con su publicación en el Boletín Oficial. Esta norma introdujo cambios significativos en las leyes laborales, tal vez los más importantes y disruptivos de las últimas décadas. Lamentablemente, considerando el tenor y la envergadura de los cambios y modificaciones que esta ley implementó, creo que previamente no hubo las discusiones necesarias y convenientes, ni los consensos entre los distintos sectores del espectro nacional (sindicatos, empresarios, legisladores y distintos actores sociales) que hubieran sido esperables y valiosos para que la ley fuera aplicada sin las oposiciones e impugnaciones que finalmente tuvo. Es por ello que al día de la fecha nos encontramos inmersos en la lucha jurídica y planteos entre dos sectores diametralmente opuestos. Los que apoyan la ley en su totalidad y creen que esta ley es la salvación para los desafíos en materia laboral que la República Argentina necesita y los que creen que quita todo tipo de derechos que los trabajadores conquistaron en las últimas décadas, considerándola en su totalidad abiertamente regresiva e inconstitucional. Como vemos y ya es costumbre en nuestra sociedad, acá no existen grises, ni matices. Solamente predomina el blanco y el negro. Evidentemente, y a la luz de los acontecimientos posteriores, ante estas posturas nos encontramos frente al fracaso de uno de los argumentos y beneficios que postulaban los impulsores de esta ley: tener mayor seguridad jurídica. En estos momentos existe menos seguridad jurídica que antes del dictado de la ley, a raíz de los innumerables planteos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley incoados en la justicia por vastos sectores y los fallos judiciales que acogen las disposiciones de la ley o los descalifican. Esta situación e inseguridad jurídica no dejará de existir ni se solucionará hasta que intervenga nuestro máximo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.