La protección alimentaria de las personas mayores

Abstract

El derecho a la alimentación, sustentado en los principios de igualdad y no discriminación, exige una tutela diferenciada respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad. Desde esta perspectiva, las necesidades alimentarias no se limitan a la mera subsistencia biológica, sino que intentan alcanzar un estándar de vida digno que integre vivienda, salud, educación y esparcimiento. En igual línea, numerosos instrumentos internacionales reconocen expresamente el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental. Asimismo, la doctrina nacional ha sostenido que este derecho posee una importancia vital, en tanto garantiza a toda persona un nivel de vida adecuado e impone a los Estados la obligación de generar las condiciones necesarias para una existencia digna, asegurando la cobertura de las necesidades básicas. Ahora bien, este amplio reconocimiento normativo adquiere especial relevancia cuando el titular del derecho es una persona mayor. En efecto, la convergencia entre el envejecimiento, la disminución de ingresos, la dependencia económica y la fragilidad biológica convierte al derecho alimentario en una verdadera garantía de subsistencia, autonomía y dignidad. Por ello, su protección no puede quedar circunscripta exclusivamente al ámbito de las relaciones familiares y al principio de solidaridad familiar, sino que debe analizarse también a la luz del bloque de constitucionalidad y convencionalidad vigente en materia de protección integral de las personas mayores.