La supresión del ofrecimiento de prueba en el traslado del responde: ¿retroceso o restablecimiento de la igualdad procesal?

Abstract

La sanción de la Ley 27.802 de “Modernización Laboral”, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, ha introducido modificaciones significativas en el régimen procesal de la Justicia Nacional del Trabajo. Entre las múltiples reformas a la Ley 18.345, el artículo 84 de la nueva norma sustituyó el texto del artículo 71 de la mencionada ley, quitando la posibilidad que tenía la parte actora de ofrecer prueba al contestar el traslado del responde. A partir de la reforma, ese traslado queda reducido al reconocimiento o desconocimiento de la documental aportada por la demandada, y la prueba debe ofrecerse íntegramente en el escrito de demanda. La elección del tema de este trabajo se vincula directamente con la mencionada modificación. Sin embargo, mi posición sobre la cuestión es anterior, ya que desde el ejercicio profesional en el fuero laboral (actuando como apoderado de empresas) he sostenido que el régimen del artículo 71 anterior generaba una asimetría procesal difícil de conciliar con las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y defensa en juicio y con los principios procesales de igualdad de armas y bilateralidad de la audiencia. La reforma de dicho artículo, lejos de afectar la tutela del trabajador, viene a corregir esa asimetría restableciendo la simultaneidad, igualdad de armas y concentración probatoria que deben regir en todos los procesos. Como adelanto de la tesis de este trabajo, sostengo que el principio protectorio del derecho del trabajo encuentra su sede natural en el derecho sustantivo (especialmente en la Ley de Contrato de Trabajo) y no requiere, para su plena operatividad, un trato procesal asimétrico. La regla del artículo 71 anterior, al permitir al actor ofrecer prueba después de leer la contestación de demanda, otorgaba a una de las partes mayores oportunidades de aportar pruebas, en contradicción con las garantías y principios mencionados. A ello se suma que dicho diseño incidía directamente en la estrategia profesional de los letrados intervinientes, colocando en una posición de ventaja al patrocinio de la parte actora, quien podía estructurar su actividad probatoria con conocimiento previo de la estrategia defensiva y del material probatorio de su contraparte. La reforma en cuestión corrige esa distorsión, y como fundamentaré, sin afectar el orden público laboral.