De la sanción a la regularización. La impugnación de deuda previsional en el contexto de la reforma laboral

Abstract

La impugnación de deuda previsional ha ocupado, desde sus orígenes, un lugar incómodo dentro del sistema jurídico argentino. Su configuración normativa, atravesada por reglas de innegable cuño tributario y, al mismo tiempo, radicada en el fuero de la seguridad social, ha dado lugar a un instituto de difícil encuadre sistemático. La tensión no es meramente formal. Responde a la naturaleza de las obligaciones en juego, que no pueden ser comprendidas en términos puramente recaudatorios, en tanto se proyectan sobre la cobertura de contingencias sociales y la sustentabilidad del sistema previsional en su conjunto. Como ha señalado la doctrina clásica, las obligaciones de la seguridad social no se agotan en su faz contributiva, sino que encuentran su razón de ser en una lógica de solidaridad estructural que las distingue de los tributos en sentido estricto. Esta singularidad ha sido también receptada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al destacar el destino específico de los recursos previsionales y su vinculación directa con la cobertura de riesgos de subsistencia. Ese equilibrio, históricamente sostenido en la práctica judicial, comienza a evidenciar signos de reconfiguración a partir de las transformaciones introducidas en el régimen laboral y previsional durante el último período. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, en su Título IV (arts. 76 a 97), ha operado una revisión sustantiva de los presupuestos clásicos de la relación laboral, incidiendo sobre la registración, el régimen de sanciones y los incentivos asociados al cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social. En paralelo, la Ley 27.742 ha incorporado un régimen de regularización de obligaciones laborales y previsionales que contempla la condonación parcial de intereses y multas, así como mecanismos de facilitación para la exteriorización de relaciones laborales no registradas.