La transferencia de las competencias nacionales del fuero de trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reflexiones sobre las Leyes CABA 6789 y 6790, el mandato constitucional del Art. 129 de la Constitución Nacional y los límites del activismo judicial en materia de transferencia jurisdiccional

Abstract

La reforma constitucional de 1994 confirió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un estatuto jurídico singular. El art. 129 le reconoció un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y la cláusula transitoria decimoquinta impuso al Congreso el deber de instrumentar esa autonomía en plenitud. Más de treinta años después, el fuero laboral nacional continúa ejerciendo competencia ordinaria en el territorio de la Ciudad, en una situación que la propia Corte Suprema ha calificado como transitoria y que reclama, con creciente urgencia institucional, su resolución definitiva. La ley 24.588 conocida como Ley Cafiero estableció, en su art. 8, que la justicia nacional ordinaria de la Ciudad mantendría su jurisdicción y competencia actuales. Sin embargo, esa previsión no puede interpretarse como una cláusula de inmovilidad perpetua. Leerla así equivaldría a atribuir a una ley ordinaria la virtualidad de abrogar indefinidamente un mandato constitucional, lo que resulta manifiestamente inaceptable. La Ley Cafiero fue un instrumento de coordinación transitoria, no un cerrojo definitivo.