Responsabilidad del Estado ante organismos internacionales por daño ambiental. Qué responsabilidad tienen un Estado cuando causa daños significativos por acciones u omisiones y la posibilidad de su juzgamiento internacional

Abstract

La comunidad internacional ha reconocido que el planeta enfrenta una triple crisis -cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación- que constituye una emergencia global con efectos directos sobre los ecosistemas y el goce efectivo de los derechos humanos. En este contexto, los recientes pronunciamientos de tribunales internacionales han contribuido a precisar el alcance de las obligaciones estatales en materia ambiental y climática, desplazando el análisis desde el plano meramente programático hacia el de exigencias jurídicas concretas. En particular, la Opinión Consultiva OC-23/17 y la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de 2024 y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2025 integran un conjunto de desarrollos jurisprudenciales que consolidan estándares relevantes en materia de prevención del daño ambiental, debida diligencia, cooperación internacional y control de actividades con impacto climático, con especial atención a las omisiones estatales frente a riesgos previsibles. Estos desarrollos plantean una cuestión central para el derecho internacional contemporáneo: hasta qué punto los Estados pueden incurrir en responsabilidad internacional por su acción u omisión frente al daño ambiental y, en particular, frente a la crisis climática. El presente trabajo tiene por objeto analizar la responsabilidad internacional del Estado por daño ambiental a la luz de los estándares emergentes del derecho internacional público, con especial énfasis en la función interpretativa de las opiniones consultivas y en la progresiva densificación de los deberes de conducta exigibles a los Estados. Sin pretender desarrollar una teoría general del derecho internacional, el estudio se centra en las fuentes, principios y categorías estrictamente necesarias para examinar las obligaciones estatales y su eventual incumplimiento, tomando como eje el régimen general de responsabilidad codificado por la Comisión de Derecho Internacional, conforme al cual todo hecho internacionalmente ilícito atribuible a un Estado genera responsabilidad y la obligación de reparar. A tal fin, el trabajo se estructura del siguiente modo: en primer lugar, se presenta el marco jurídico internacional aplicable al daño ambiental y a la crisis climática, identificando sus fuentes relevantes y los principios que estructuran las obligaciones estatales. En segundo término, se analiza el régimen general de la responsabilidad internacional del Estado y sus particularidades en materia ambiental. Luego, se sistematiza la jurisprudencia internacional de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar como antecedentes relevantes. Sobre esa base, se desarrolla el análisis central del trabajo, consistente en el examen evolutivo de la OC-23/17 y la OC-32/25, con el objeto de determinar si la OC32/25 introduce un estándar reforzado de responsabilidad internacional o consolida los ya existentes. Finalmente, se examinan las implicancias de dichos estándares en el ordenamiento jurídico argentino.