El consentimiento informado en personas adultas con discapacidad psicosocial

Abstract

En nuestro esquema normativo, la restricción del consentimiento informado (en adelante, "CI") de las personas con discapacidad (en adelante, “PCD”) opera en diferentes escenarios: existe restricción en los consultorios médicos y en los estrados judiciales. Aquí nos proponemos analizar cuál de estos dos escenarios se presenta como el más propicio para evaluar la idoneidad del paciente y bajo qué condiciones. Lo anterior nos llevará a desentrañar la naturaleza jurídica del CI. Definiremos el CI y analizaremos sus principales componentes. Examinaremos la relación entre la competencia del paciente y su capacidad jurídica al momento de emitir el CI. Resultará importante partir de la premisa que el CI no vincula solo con el derecho a la salud sino también con la dignidad y con la autonomía personal. Veremos qué criterios se utilizan para analizar la idoneidad del paciente para decidir por sí mismo y, en su caso, las modalidades y valoraciones que se deben considerar para asistir o, si fuera menester, representarlo. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad introdujo conceptos que pueden resultar de gran utilidad: los sistemas de apoyos y los ajustes razonables. Nos preguntaremos si dichos elementos han sido receptados en materia de CI en la normativa nacional y, de no ser así, brindaremos nuestras sugerencias1 . El tópico de la presente investigación requiere la perspectiva enriquecedora de múltiples voces y enfoques. Solo a través de la colaboración interdisciplinaria podremos avanzar hacia soluciones más comprensivas y humanas, tanto en la investigación como en la práctica diaria. En última instancia, esta investigación buscará aportar un enfoque desde el derecho con la aspiración de garantizar que los principios fundamentales de autonomía, dignidad y salud sean debidamente respetados y promovidos en la intersección entre la medicina, la ética y las ciencias jurídicas.