Una muestra de activismo judicial reglado: las medidas para mejor proveer

Abstract

En la forma republicana de gobierno, la función judicial quizás represente la menos estridente. Sin embargo, desde las épocas remotas de la civilización, siempre se mostró como un instrumento insustituible para la pacificación social. A la magistratura, llamada a actuar esa porción del poder estatal, le corresponde un importante rol que debe asumirse con suma responsabilidad por parte de aquéllos que la ejercen. Porque, para su actuación, la ley les ha otorgado atribuciones y facultades que superan las normales de cualquier ciudadano, y que deben exponerse precavidamente para mantener el siempre deseado equilibrio con los otros poderes. En su actividad, en el ámbito que les es propio, los jueces cuentan con herramientas que les permiten cumplir acabadamente con su función. Y en el uso de tales instrumentos proyectan sus propias creencias no sólo jurídicas, sino también políticas, sociales, culturales y hasta religiosas. Ello ha dado lugar a que, en la búsqueda de la recomposición del orden jurídico quebrantado, quienes son llamados a resolver los conflictos intervengan muchas veces movidos en exceso por el influjo de un ánimo superador de hacer justicia desbordando los límites legales impuestos. En las distintas proyecciones que se tiene en miras sobre lo que debe ser su accionar, se viene discutiendo si esa sobreactuación es correcta a la luz de los principios jurídicos establecidos desde antaño, poniendo así en tela de discusión cuál debe ser su papel. Convencido de que en el propio ordenamiento legal se pueden encontrar los resortes necesarios y suficientes para que los jueces actúen el derecho para llegar a una solución justa, sin necesidad de mostrarse transgresores de la propia ley, es que propongo su análisis exhaustivo para demostrar que aquéllos efectivamente se encuentran dentro de los propios límites que ella impone. Es así que, con el fin de reducir los cuestionamientos que puedan hacerse a los magistrados por utilizar mecanismos no reglados particularmente, acusados de un activismo desenfrenado justamente por utilizar recursos, podríamos decir, no homologados or la ley, entiendo pueden encauzarse por vías que sí están expresamente previstas por ella. En esa dirección habré de indagar, primeramente, dentro de la construcción teórica de lo que se ha dado en llamar “activismo judicial”, cuáles han sido las causas que motivaron su aparición, para lo cual hay que posicionarse en la función y rol que le corresponde a los jueces. También servirá determinar, previamente, el marco dentro del cual desenvuelven la actividad que desarrollan dentro de las distintas clases de proceso, y una primera aproximación a la posibilidad de su actuación espontánea sobre la base de las medidas para mejor proveer, insumo procesal que será materia de análisis para determinar su aptitud para permitir el despliegue de su actuación oficiosa. Luego, direccionados ya sobre este recurso y expuesto como una vía con cierta razonabilidad de pertinencia para obtener aquellos logros, profundizaré sobre su origen histórico y su actual asiento y regulación legal en los ordenamientos internacionales y locales, a fin de establecer la concordancia o discordancia en el tratamiento que se le da en el país y en el mundo. Una vez sentadas las bases normativas existentes de su regulación, después de buscar elementos comunes que la tipifiquen para poder dar un concepto general, intentaré explicar su justificación y alcance en cada tipo de proceso en particular, y el margen de maniobra en que con ellas pueda desenvolverse el juez para justificar su actuación con base en un instrumento que puede llegar a presentarse como soporte técnico legal suficiente. Finalmente, buscaré razonar si definitivamente las medidas para mejor proveer pueden ser útiles como instrumentos para lograr su vinculación con las pretensiones actuales de un juez a quien se le exige mostrarse socialmente más activo frente a las exigencias que lo colocan dentro del centro de la escena para la solución de los conflictos para que pueda llegar a una sentencia que, como acto jurisdiccionalmente válido, se muestre también como justa composición de los intereses en juego.