Herramientas para optimizar el ejercicio del control de convencionalidad a cargo de los tres poderes del Estado

Abstract

A mediados del siglo XX, el reconocimiento del individuo como sujeto del derecho internacional tuvo un impacto significativo. Desde aquel momento, la comunidad internacional entendió que el mundo de la posguerra no podía reconstruirse sino a partir de repensar los valores y los principios que deben ser reconocidos por las normas, teniendo siempre en el horizonte el respeto por la dignidad humana. Fue entonces que, a partir de consensos mínimos plasmados en instrumentos universales y regionales de derechos humanos, se edificó el derecho internacional de los derechos humanos como espacio coadyuvante y complementario a la protección hasta ese momento solo prevista en los ordenamientos internos. A lo largo de las siguientes décadas –y con mayor énfasis en nuestro país a partir de la reforma constitucional de 1994– las convenciones en materia de derechos humanos se ofrecen como herramientas que, respetando su fuente internacional, conviven con las normas de fuente doméstica en el propósito de adoptar la decisión que resulte más favorable a la persona humana. La creciente invocación de tratados internacionales de derechos humanos, de interpretaciones vertidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos contenciosos y en opiniones consultivas dan muestra del creciente desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y su aplicación de manera transversal en todas las ramas del derecho. Tal dinamismo implica que ya ningún operador pueda invocar el “desconocimiento” de las normas internacionales como justificación para su falta de aplicación. Frente a esta realidad se imponen las siguientes preguntas: ¿Basta solo con el mero conocimiento de la “existencia” de la ratificación por parte de nuestro país de los instrumentos internacionales universales y regionales de derechos humanos? ¿Puede un estado “conformarse” con ese reconocimiento formal de los compromisos en sede internacional? Necesariamente, las respuestas nos llevan a advertir, por un lado, que estamos pasando de una etapa de conocimiento de las convenciones a una etapa en donde hay que insistir en su efectiva aplicación. Es decir, de nada sirve firmar todos los tratados internacionales si luego no se adoptan a nivel interno las medidas legislativas, las políticas públicas y las decisiones judiciales necesarias para satisfacer realmente los derechos y libertades reconocidos convencionalmente. El desafío es, sin duda, trabajar para dotar de eficacia y de efecto útil a las obligaciones internacionales.