Respuestas a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional desde la regulación del derecho del mar aplicable a la zona económica exclusiva

Abstract

Pocos años luego de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la comisión de actos delictivos en el mar, que no habían sido contemplados expresamente en el texto final de la Convención de 1982 —ya que sólo se refiere expresamente a la piratería y autoriza la represión de otras figuras delictivas como el tráfico ilícito de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas— merecieron una reacción de la comunidad internacional, que se mostró favorable a negociación y adopción de textos compatibles con la Convención de 1982, con el objeto de prevenir y sancionar distintas figuras delictivas a través de una autorización al ejercicio de los poderes jurisdiccionales de los Estados, destacándose entre ellos el Convenio para la supresión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, de 1988 y sus posteriores protocolos —luego de una extensa revisión, como consecuencias de episodios perpetrados contra la seguridad de los buques, pasajeros y tripulaciones— que ampliaron la lista de delitos e incluyeron, por ejemplo, la utilización de un buque como elemento de daño; transporte de armas químicas, biológicas o nucleares; y transporte ilegal e internacional de personas conocidas por cometer delitos en marco de estos acuerdos (Aranda, 2019). Este mosaico normativo, con fundamento en la Convención de 1982 y los tratados posteriores adoptados de conformidad con aquella, invita a evaluar su posible aplicación respecto de las actividades delictivas transnacionales en la Zona Económica Exclusiva (ZEE). El examen propuesto, constituye un necesario recorte metodológico, toda vez que se trata de una zona poseedora de un régimen sui generis, cuyo escenario particular es regulado y complementado por una gran cantidad de artículos dispersos en acuerdos internacionales. En consecuencia, dedicaremos una breve conceptualización de la ZEE y luego se examinará, detenidamente, el régimen aplicable en ella frente a la corrupción generalizada por la delincuencia organizada transnacional y así identificar las respuestas que ofrece —o pueden ofrecer— las disposiciones de la Convención de 1982 y otros instrumentos internacionales compatibles con ella, que autorizan la remisión o aplicación de otras normas en la materia, que también analizaremos. Finalmente, presentaremos nuestras reflexiones finales en función de una posible estrategia —desde el derecho internacional— para evitar la comisión de delitos transnacionales en la ZEE y sus disvaliosos efectos.