El sistema procesal concursal y su armonización con los regímenes rituales locales. Reflexiones en torno al art. 278 LCQ

Abstract

Introducción: Derecho constitucional y “leyes generales para toda la Nación (…) sobre bancarrotas” Tanto la persona concursada o fallida como sus acreedores tienen derecho de participar, ser oídos y sus derechos respetados en los procedimientos concursales. Ello se relaciona con la protección constitucional y de distintas convenciones constitucionalizadas conforme art. 75 inc. 22, de sus derechos de propiedad (art. 17 CN) y debido proceso (art. 18 CN), entre otros(1)(2). Dentro del referido marco constitucional y desde los albores de nuestro país(3), se encuentra la previsión expresa de la delegación al Congreso de la Nación del dictado de la legislación “sobre bancarrotas”. Hoy, el art. 75 inc. 12 dispone como atribución del mismo el “dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina: así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados” (los destacados me corresponden)...