La evolución del derecho a un medioambiente sano. La regulación ambiental en la reforma de 1994 y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Abstract

La existencia de un medio ambiente sano y equilibrado es una condición indispensable para el disfrute efectivo de los derechos humanos, especialmente para asegurar a la población el derecho a condiciones de vida dignas, como la salud, la alimentación adecuada y el acceso al agua potable. Durante muchos años, el ser humano vivió en el planeta sin cuidarlo, utilizando sus recursos sin limitaciones y explotándolos al máximo sin considerar el daño causado. Esto generó altos niveles de contaminación del suelo, aire y agua, comprometiendo el desarrollo humano tanto de las generaciones actuales como de las futuras. Paulatinamente, los gobiernos comenzaron a tomar conciencia sobre la importancia de preservar el ecosistema. Las autoridades comprendieron que era esencial garantizar un equilibrio básico entre la utilización de los recursos naturales y los métodos de producción necesarios para asegurar el progreso de la humanidad. Así, el medio ambiente empezó a ser visto como un bien jurídico sujeto a una protección especial(1). A partir de la década de 1970, la comunidad internacional empieza a entender que la promoción de los derechos humanos obliga también a proteger el medio ambiente. De esta forma, se reconoce que la tutela ambiental integra los derechos de “tercera generación” y posee una dimensión tanto individual como colectiva, formando parte del plexo integral de los derechos de la persona humana. Tal como reconoce Nogueira Alcalá(2), el derecho ambiental estatal e internacional surge como una forma de preservar la naturaleza para el desarrollo del género humano, compatibilizando el desarrollo económico y social con la preservación básica del entorno o medio ambiente. Bajo esta lógica de análisis, se constata que el daño ambiental obstaculiza el ejercicio de los derechos humanos; por lo tanto, sin un entorno saludable es imposible vivir en condiciones mínimas de dignidad humana. En consecuencia, la preservación ambiental se considera una condición sine qua non para el pleno disfrute de los derechos humanos. A través de una visión integradora, el derecho ambiental y los derechos humanos se califican como derechos complementarios(3). A partir de esta evolución en el derecho internacional, los ordenamientos jurídicos comenzaron a incorporar una sólida protección ambiental, de modo tal que el derecho a un medio ambiente sano se volvió exigible judicialmente. Siguiendo esta línea de ideas, en nuestro país se reconoce que el ambiente, según los lineamientos constitucionales incorporados por la reforma de 1994, no es un objeto destinado exclusivamente al servicio del hombre, apropiable según sus necesidades y la tecnología disponible. Su protección impone deberes positivos para los Estados, traducidos en la implementación de medidas y obras en defensa del ambiente(4). Teniendo en cuenta estas directrices, en el presente trabajo buscaremos examinar, en primer lugar, la manera en que la preservación del ambiente fue abordada en Argentina en la Constitución histórica de 1853/60, para luego indagar en las modificaciones introducidas por la reforma constitucional de 1994 que ubicaron al medio ambiente como un bien jurídico sujeto a una protección especial. Finalmente, analizaremos el marco legislativo ambiental que se ha desarrollado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con especial atención a la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana.