Desafíos pendientes en la implementación de la tutela de la persona consumidora

Abstract

Resumen: El art. 42 de la Constitución Nacional establece la obligación de implementar procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos en materia de consumo. Además, el art. 75, inc. 23, agrega la responsabilidad de los legisladores de aprobar medidas de acción positiva para asegurar la igualdad real de oportunidades y trato y el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. En este contexto, la ley 13.133, conocida como Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios de la Provincia de Buenos Aires, requiere una revisión necesaria y urgente para ajustar la normativa procedimental a las actualizaciones de las leyes de fondo y las pautas interpretativas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el derecho vigente. Aunque, desde su sanción en 2003, la ley ha experimentado reformas puntuales (13.730, 14.393, 14.514, 14.640 y 14.652), éstas no han modificado la estructura fundamental del procedimiento. Se reconoce la necesidad de revisar y actualizar la ley de consumidores y usuarios de la Provincia de Buenos Aires para asegurar la efectividad de los procedimientos en la resolución de conflictos y garantizar la igualdad de oportunidades y el pleno goce de los derechos de todas las personas, en especial de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. En orden a analizar las posibles áreas de revisión, proponemos centrarnos en tres palabras, dos de la cuales se desprenden del propio artículo: prevención, fiscalización y solución.