El derecho a la educación de la persona consumidora : desafío pendiente

Abstract

Resumen: A poco tiempo de la sanción de la ley 24.240, y hace ya casi 25 años, el querido y genial Atilio A. Alterini planteaba varios de los escollos que se evidenciaban –y se evidenciarían en el futuro– en el ámbito de la tutela a los consumidores y usuarios(1). Así, con una prosa plagada de sarcasmo, nos advertía sobre diversos planteos y cuestionamientos que se opondrían a este régimen, brindando pautas o herramientas a través de los cuales superar dichos inconvenientes. Sugería en primer término evitar la sanción de leyes de tutela. Si ello ya no era posible, desincentivar el análisis de esos textos acallando a los juristas. En caso de que ello también falle, buscar la imposición de razonamientos o lógicas formales que impidan la efectividad de las normas y, de no ser ello factible, convencer de lo innecesario de la protección a las autoridades (Poder Ejecutivo y Judicial –ya que el legislativo había sancionado normas–). Finalmente, si nada de ello “funcionaba”, restaba (como último recurso) no educar a la persona consumidora, destacando que ello era “muy peligroso. Cuando la gente conoce sus derechos, los reclama, los exige”(2). Mucho se ha avanzado en varias de estas líneas, especialmente ante algunos de los embates que el autor anticipaba los que, a través del esfuerzo colectivo de abogados, doctrinarios y jueces, fueron vencidos en más de una oportunidad.