Límites a la intervención del Estado mediante ayudas públicas: Lecciones del principio de subsidiariedad

Abstract

La promoción es, sin duda, una función propia de los Poderes públicos. La Constitución argentina atribuye expresamente al Congreso Nacional la tarea de “proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, (...) promoviendo la industria, (...) la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros, (...) por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”2, así como también la de “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo (...) a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico (...). Proveer al crecimiento armónico de la Nación (...), promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”3. Por otra parte, la propia Constitución confiere idéntico cometido a los gobiernos provinciales, en tanto los autoriza a “promover su industria (...), la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros (...), por leyes protectoras de esos fines y con sus recursos propios” Los preceptos extractados ponen en evidencia la firme voluntad del constituyente de favorecer las políticas públicas de aliento y promoción de la economía, función que ha quedado configurada en nuestro país de una competencia concurrente de la Nación y de las Provincias5. Tales prerrogativas, sin embargo, como ocurre con todas aquellas que están referidas a la actuación pública en general, y a la intervención estatal en la economía en particular, más allá del margen de discrecionalidad que conllevan, están necesariamente sujetas a los límites que enmarcan el ejercicio del poder público en un Estado de Derecho, los cuales surgen de las normas vigentes, pero también de los principios que integran el orden jurídico, entre ellos el principio de subsidiariedad...