Infancias vulnerables y sistemas de protección social : la asignación por hijos en la Argentina

Abstract

Introducción: "A mediados de los años noventa en países como Brasil y México se comenzaron a implementar los llamados programas de transferencia de ingresos, que en sus versiones actuales conocemos como “Bolsa Familia” y “Oportunidades”, respectivamente. Estas iniciativas, como tantas otras desarrolladas en los países de la región, tuvieron como principal objetivo de corto plazo reducir la pobreza, y como objetivo de mediano y largo plazo el desarrollo de capital humano a través de la tríada alimentación, salud y educación. En el caso de la Argentina, el antecedente asimilable a las experiencias latinoamericanas mencionadas fue el programa “Familias para la inclusión social” de 2004, que surge como un desprendimiento de lo que fue el primer programa de transferencia de ingresos masivo y que se conoció como “Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados”. El programa “Familias para la inclusión social” fue un programa focalizado, de alcance geográfico y cobertura limitado en comparación con las experiencias regionales mencionadas. En el marco de la crisis internacional de 2009, y un progresivo estancamiento de la creación de pleno empleo, el Estado argentino amplió el régimen de protección social dirigido a la población en situación de vulnerabilidad a través de la “Asignación Universal por Hijo para la Protección Social” (AUH). Esta asignación fue establecida por medio de un decreto de necesidad y urgencia (Decreto 1602/2009) y constituye un punto de inflexión en el sistema de protección social. A través de la AUH el Estado argentino reconoce la desigualdad social en el acceso a la protección social que se expresa en la dualidad entre la población que pertenece al sector formal (con acceso a cobertura de salud, aportes jubilatorios, seguro contra accidentes de trabajo), y aquella que tiene un acceso restringido por ser parte del mercado informal, desocupados o inactivos. El empleo informal en la Argentina en promedio entre 2010 y 2012 afectaba al 35% de la población económicamente activa (PEA). Sin dudas, aquí reside una de las principales diferencias respecto de otros programas antecedentes y vigentes en la región. Los criterios de elegibilidad de la población los define la relación de los progenitores con el mercado de trabajo..."