Ley de Modernización Laboral y actualización de montos a abonar en juicio. Aporte fundamental del nuevo régimen. Su necesidad de complementación en procura de alcanzar la seguridad jurídica

Abstract

A fin de dejar en claro el aporte esencial de las nuevas disposiciones como freno efectivo a la actual multiplicación de sentencias que importan el riesgo de quebranto inminente para infinidad de empresas –en particular pymes–; trabajadores imposibilitados de percibir los montos que deberían resultar de sus créditos admitidos en juicio y, como derivación perniciosa adicional; incremento cierto de materialización del fantasma del desempleo al que se ve expuesto el resto de los dependientes de la misma empleadora, partiremos de la referencia a los argumentos técnicos que a partir de 2023 sostenemos (II.A), y de la exposición del crítico panorama que a la fecha se dilucida en sede judicial y viene la Ley 27.802 a regular (II.B): II.A) Nuestra postura esgrimida como solución a la compleja realidad que en el ejercicio profesional enfrentamos desde que, en septiembre de 2022, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo comenzó a implementar nuevos regímenes sucesivos de reajuste de los montos en disputa nació del convencimiento sobre la necesidad de establecer por ley y ya no por decisión judicial la modalidad de intereses destinada a la actualización indirecta de los importes a abonar (en cumplimiento del artículo 768 del Código Civil y Comercial, ante el cese en la vigencia desde 2015 del artículo 622 del Código de Vélez que sí la habilitaba); de estar persuadidos acerca de la inadmisibilidad de la capitalización con frecuencia anual de estos intereses; así como de la certeza en orden a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación iba a admitir primero los recursos deducidos en su contra y a resolver impidiéndola después.