El derecho de acción como criterio de diferenciación legislativa. Una crítica constitucional al artículo 55 de la Ley 27.802

Abstract

La sanción de la Ley 27.802 reabrió el debate acerca de los mecanismos de actualización de los créditos laborales y, particularmente, sobre el régimen transitorio previsto para los procesos en trámite al momento de su entrada en vigencia. Buena parte de las primeras objeciones formuladas al artículo 55 se ha concentrado en la suficiencia económica del sistema allí establecido y en la eventual pérdida del poder adquisitivo que podría derivarse de su aplicación. Sin desconocer la relevancia de esa discusión, el presente artículo parte de una premisa diferente. Se sostiene que el problema constitucional de la norma no reside primordialmente en el resultado cuantitativo al que conduce el nuevo régimen de actualización, sino en el criterio legislativo empleado para determinar quiénes quedan comprendidos en él. Desde esa perspectiva, el artículo 55 plantea un interrogante que trasciende el ámbito específico del Derecho del Trabajo y se proyecta sobre la teoría constitucional de las clasificaciones legislativas. La cuestión consiste en determinar si resulta constitucionalmente admisible que el legislador identifique a los destinatarios de un régimen jurídico diferenciado mediante un criterio integrado exclusivamente por el ejercicio previo de un derecho fundamental. Dicho en otros términos, el problema no consiste únicamente en establecer si la actualización prevista por la norma preserva adecuadamente el valor económico del crédito laboral, sino en examinar si el acceso a la jurisdicción puede convertirse en el elemento definitorio de una categoría normativa sometida a un tratamiento patrimonial menos favorable.