Nombramiento en comisión: entre el inmovilismo y la artimaña

Abstract

El 25 de febrero se publicó en el Boletín Oficial la designación en comisión de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar y completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Decreto 137/2025). La designación de estos dos candidatos no es sorpresiva ya que fueron propuestos el 20 de marzo del 2024 y, luego de superar los procesos de impugnación por la ciudadanía (Decreto 222/03), sus candidaturas se elevaron al Senado de la Nación el 27 de mayo. Allí, luego de celebrar las audiencias públicas concluyó el año legislativo sin que recibieran el acuerdo. En consecuencia, el presidente agregó estas designaciones en el temario de las sesiones extraordinarias que convocó. La cuestión no se trató tampoco en este período extendido y una vez iniciado el receso legislativo se dictó el decreto 137. La decisión del presidente de la Nación de acudir a este medio para completar la Corte Suprema ha generado un sinfín de discusiones en el ámbito de las redes, los medios de comunicación y los entornos académicos. Las posturas oscilan entre quienes la aplauden y aquellos que la denostan porque la consideran un abuso y un ataque a la división de poderes. A continuación, se examinarán los argumentos que se han esgrimido en uno y otro sentido desde la perspectiva constitucional, con la intención de proponer una interpretación que aporte a este debate.