“Artavia Murillo”, “Beatriz”, y la disolución del rule of law

Abstract

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana (Corte IDH) que inste al Estado de El Salvador a que “remueva los obstáculos de derecho a la posibilidad de interrumpir el emba razo [abortar] en situaciones de inviabilidad o incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, así como de riesgo a la vida, y riesgo grave a la salud e integridad personal de la madre”. Asimismo, ha solicitado que se le inste a diseñar “políticas públicas, programas de capacitación, protocolos y marcos guía para asegurar que el acceso a la interrupción del embarazo como con secuencia de la anterior adecuación legislativa sea efectivo en la práctica, y que no se generen obstáculos de hecho [...] que afecten su implementación”2 . Esta doble pretensión impacta de forma directa y principal tanto sobre la actual legislación penal de El Salvador, como sobre el conjunto de normas que integran sus políticas de salud sexual y reproductiva. Tomadas integralmente, ambos tipos de normas protegen la vida por nacer desde la concepción, en sintonía con el texto de la Constitución, cuyo artículo 1, inciso 2, reconoce el derecho a la vida desde la concepción... .