Litigio societario y régimen de costas del interventor judicial

Abstract

Resumen: Los conflictos societarios se desarrollan generalmente en el plano extrajudicial y en muchas ocasiones, si escala o las partes interesadas no llegan a un acuerdo (de convivencia, de salida de alguno de ellos o de cualquier naturaleza), es común que, como paso siguiente, se lo traslade a la sede judicial o arbitral. Es frecuente también que de parte del socio o del bloque minoritario se realicen peticiones dirigidas a obtener medidas cautelares típicamente societarias, tales como el pedido de suspensión provisoria de los efectos de una decisión adoptada por una reunión de socios o asamblea (art. 252, LGS), la suspensión de una convocatoria a reunión de socios o asamblea, la convocatoria judicial a reunión de socios o asamblea (art. 236, LGS), el pedido de exhibición de libros y papeles sociales (art. 55, LGS) y el pedido de intervención judicial de la sociedad, ya sea en su modalidad de veeduría, coadministración o de administración con desplazamiento de los integrantes del órgano (arts. 113 y siguientes, LGS)(1). La experiencia demuestra que, en la mayoría de los conflictos societarios judicializados, las partes suelen transar (art. 1641, CCyC) antes de que el tribunal dicte una resolución de fondo, de modo que no es frecuente encontrar en los registros de sentencias de los tribunales decisiones de fondo pero, en general, en todos se piden medidas cautelares. En apoyo de dicha afirmación, uno de los autores, titular de la Secretaría Nº 6 del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 3, analizó los registros de uso interno y constató que de los últimos diez conflictos societarios que han tramitado en dicha Secretaría, nueve han sido iniciados con peticiones de medidas cautelares típicamente societarias. En relación con esto, desde un punto de vista práctico, su planteo y desarrollo suele traer aparejados diversos desafíos, puesto que existe una variada gama de cuestiones no reguladas por la ley, por lo que resulta particularmente valioso acudir a los precedentes judiciales que versan sobre el tema en concreto.