La Corte Suprema de los Estados Unidos devuelve a los estados la facultad de legislar sobre el aborto

Abstract

Hace casi cincuenta años, en Roe v. Wade(1) la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo –con las limitaciones que surgen del fallo– tenía fundamentos directos en la Constitución. A partir de entonces, muchas leyes estatales que prohibían, o bien, regulaban el aborto en forma diferente a lo decidido en Roe, fueron declaradas inconstitucionales. Esta decisión ha sido modificada en el reciente caso Dobbs v. Jackson, del 24 de junio de 2022(2), donde –por mayoría– el Tribunal resuelve que el aborto debe ser regulado por la legislación de cada estado. En opinión del Justice Alito, cuyo voto lidera la mayoría, (a) la Constitución no protege el derecho a abortar(3) y (b) es preciso devolver la cuestión del aborto a los representantes electos del pueblo”(4). Analizado sin apasionamientos, este caso no constituye ni una victoria ni una derrota absoluta para ninguno de los dos bandos en pugna. Ciertamente constituye una importante limitación, en los Estados Unidos, a la matanza de las personas por nacer que Roe legalizó con carácter nacional, pero tampoco contiene –lamentablemente– una prohibición para hacerlo(5). En todo caso, esa decisión la tomarán, de ahora en adelante, las legislaturas de los estados, hasta que una eventual mayoría liberal vuelva a controlar la Corte y reaparezca en escena una versión renovada de Roe(6)...