Dominio y jurisdicción sobre hidrocarburos en nuestro sistema federal: un auténtico rompecabezas para armar

Abstract

La reforma constitucional de 1994 comportó, sin lugar a dudas, un punto de inflexión para el Derecho de los hidrocarburos en la Argentina. La tajante definición contenida en la última parte del art. 124 del texto aprobado, según la cual “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, vino a saldar una antigua deuda de nuestro sistema federal, mediante una declaración cuya claridad ahorrará en adelante todo debate sobre el tema(1). Tal reconocimiento, sin embargo, lejos de poner término a la puja entre la Nación y las provincias por la conducción de las políticas en materia de hidrocarburos, significó más bien el comienzo de un nuevo capítulo en dicha controversia. La ausencia de todo consenso acerca de los contornos precisos del dominio originario conferido a las provincias dio pie a un abanico de interpretaciones, algunas más proclives a ensanchar el alcance de los poderes remanentes en la esfera del gobierno central, otras más inclinadas a enfatizar la extensión de las facultades provinciales derivadas de la titularidad de los recursos que les ha sido otorgada. La disparidad de criterios apuntada se ve reflejada en un sinnúmero de cuestiones concretas, todas ellas de singular relevancia, sobre cuya regulación y administración han ocasionalmente avanzado tanto las autoridades nacionales como las provinciales, con el lógico escándalo jurídico y los consiguientes contratiempos y dificultades para quienes ejercen su industria en el sector. A título de ejemplo, cabe mencionar lo atinente al otorgamiento y prórroga de los permisos y concesiones petroleras, lo relativo al cálculo y percepción de las regalías, la fijación de criterios en materia de canon de explotación de áreas petroleras, la sanción del régimen de servidumbres hidrocarburíferas, el dictado de las normas sobre medioambiente para el sector, etcétera...