Derechos, sistemas de protección e infancia temprana: apuntes sobre el caso de la Argentina en el contexto de la región

Abstract

La comunidad internacional reconoce el imperativo del desarrollo humano y social en numerosos instrumentos normativos. En el caso particular de la infancia, la mayoría de los países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), y han asumido compromisos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000). Con respecto a la primera infancia, se destacan los objetivos y las metas establecidas en el marco de foros y conferencias de la Unesco y la OEI en la última década, en relación con la expansión y la mejora de los sistemas de cuidado y educación, con particular énfasis en las infancias más vulnerables.1 Al mismo tiempo, se han sancionado numerosas leyes de protección de derechos y se ha progresado en la adopción de Sistemas Integrales de Protección de la infancia. El amplio reconocimiento internacional y los compromisos asumidos por los Estados constituyen un imperioso desafío en términos de garantizar una ciudadanía plena para la infancia. El ejercicio de una ciudadanía plena por parte de los niños y las niñas supone establecer una nueva relación entre el Estado y la sociedad con la infancia, que considere al niño y a la niña independientes, titulares de derechos propios, con derechos especiales por su condición particular de desarrollo y con los mismos derechos que todas las personas (Grosman, 1994). Lo fundamental es que, en estos instrumentos legales, los Estados reconocen que el sostenimiento de la vida y el desarrollo infantil requieren contar con un conjunto integrado de factores económicos, sociales y culturales favorables. Esta relación, si bien tiene validez universal, adquiere especial relevancia cuando se trata de proteger el derecho a vivir una niñez plena en términos de desarrollo de capacidades humanas. Implica el derecho a un medio ambiente adecuado para la vida, el derecho a la alimentación, a una vivienda digna, a la atención de la salud, a una educación de calidad. El derecho a poder vivir con su familia, compartir juegos, acceder a estímulos emocionales e intelectuales, en condiciones socialmente adecuadas. Así es como los desafíos son relevantes para los Estados y las sociedades de los países de la región. En la última década, América Latina ha experimentado un crecimiento económico sostenido, con sus divergencias y dinámicas específicas. Se estima que la región alcanzó un crecimiento anual promedio de casi 5% en el período 2003-2008 (OCDE-Cepal, 2011). En particular, el incremento de los precios de los productos primarios exportados fortaleció la estabilidad macroeconómica y facilitó recursos para que los gobiernos implementaran políticas para amortiguar los efectos de la crisis 2008-2009 sobre la pobreza...