Ejercicio de la objeción de conciencia fiscal frente a la Ley 27.610 de aborto

Abstract

La sanción de la ley Nº 27.610 de aborto reviste inusitada y ostensible gravedad y contradice las convicciones íntimas de la mayoría de los argentinos2. Diversos oradores en las “Jornadas de Exposiciones sobre el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo”, así como los promotores de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y también varios periodistas, repitieron incansablemente la frase “la ley de aborto no obliga a nadie”. Lo cierto es que la ley obliga a los contribuyentes argentinos a afrontar sus costos, y que su objeción de conciencia tributaria no se encuentra reconocida en el texto aprobado por el Congreso de la Nación. En el debate previo a su sanción se han señalado como posibles objetores de conciencia a los profesionales del área de la salud humana y el arte de curar; a las instituciones públicas o privadas de prestación de servicios de salud y a su personal administrativo; y a los padres y a los docentes de establecimientos de enseñanza pública de gestión pública y privada. Corresponde agregar a la lista señalada a las obras sociales y empresas de medicina prepaga y a sus afiliados3; y a los contribuyentes, dado que la controvertida ley 27.610 obliga al Estado argentino a destinar recursos públicos para dar fin de modo arbitrario a la vida de los niños por nacer, recursos fiscales que provienen en su mayoría de los tributos...