Los proyectos de ley de modificación del régimen de medidas cautelares contra la Administración: reflexiones críticas

Abstract

El tema que nos proponemos abordar en el presente trabajo ha sido reciente objeto de una intrincada disputa que, lejos de limitarse estrictamente al plano jurídico, lleva detrás diversos intereses de tinte político. Como es sabido, la institución de las medidas cautelares posee en el mundo jurídico una elevada jerarquía, no solo en cuanto remedio prematuro destinado a garantizar la efectividad de un accionar jurisdiccional posterior, sino también, como sostiene Gozaíni (1) para hacer frente a situaciones en las que resulta necesario cubrir necesidades inmediatas. En efecto, esta especie de tutela judicial anticipada tiende a evitar que el tiempo que conlleva la sustanciación de un proceso pueda desembocar en una sentencia inútil, en tanto tardía. En nuestro sistema judicial, los tiempos de los tribunales dejan en evidencia la principal razón por la cual estas medidas han adquirido semejante entidad. Específicamente, en el contencioso administrativo, las medidas cautelares contra la Administración constituyen una de las herramientas fundamentales que el particular acredita en su haber. Adviértase que si en una relación de igualdad como la existente entre dos o más particulares, un sujeto se encuentra asiduamente expuesto a daños irreparables, dignos de instar urgentemente el dictado judicial de una medida determinada, mucho más expuesto a tales perjuicios estará el administrado (y mucha más potencialidad de daño tendrán aquellos) en la relación de subordinación que lo une con la Administración, habida cuenta de las prerrogativas que esta posee (dentro de las cuales se enlistan la presunción de legitimidad y la fuerza ejecutoria del acto administrativo)...